A menos de un mes de conocerse los primeros fallos en favor de ATE por la reinstalación de trabajadores en la Administración Pública Nacional, la Justicia ordenó la reincorporación de una trabajadora del ex Ministerio de Agricultura ingresada en 2023 y despedida a principios de este año.
“Es un nuevo triunfo de la lucha que los estatales estamos librando desde el mismo momento en que asumió Milei y empezó a vulnerar todos nuestros derechos. Empezamos a demostrar en la Justicia que las cesantías producidas por el Gobierno en la administración pública son todas ilegales. En este caso puntual, es de destacar que se trate de una empleada con menos de un año de antigüedad. Empieza a quedar claro que no respetaron ni respetan la Constitución Nacional, los derechos y garantías contenidas en ellas, como la estabilidad y la tutela sindical, entre otras”, señaló el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
“A los que quieren destruir el Estado se les puede poner un freno. Tenemos que seguir luchando en todos los planos: en la calle y en la Justicia a lo largo y ancho del país”, concluyó el dirigente nacional.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar en segunda instancia a una medida cautelar presentada por la trabajadora con la asesoría del sindicato. De esta manera la trabajadora volvió a su puesto de trabajo a partir de este martes 13 de agosto.
Se trata de una trabajadora que había ingresado a su puesto de trabajo en 2023, vulnerando los derechos de estabilidad laboral y tutela sindical. La misma cumplía funciones en la Subsecretaría de Mercado realizando informes de las exportaciones de granos y derivados. Se trata de una estadística que lleva más de 20 años de desarrollo y que, a partir de su despido en enero de este año se paralizó.
En menos de un mes, la Justicia ya se expidió en favor del sindicato con una cautelar para reincorporar trabajadoras amparadas en el cupo trans por un lado, y con otra cautelar también en Agricultura Familiar en Corrientes. A pesar de esto, ATE continuará su plan de lucha para enfrentar los despidos, el cierre indiscriminado de organismos públicos, la privatización de empresas estatales y el grave deterioro salarial.
