El intendente Walter Cortés sumó una nueva denuncia en estos poco mas de 8 meses de gestión, en este caso es por la adquisición de una planta dosificadora de hormigón en la que según la presentación del concejal Leandro Costa Brutten se pagó tres veces mas del precio de mercado y se adquirió a una empresa cuyo objeto comercial no tiene relación con ese tipo de equipos.
El concejal Leandro Costa Brutten afirmó que la firma adjudicataria del pago, identificada por una resolución del ejecutivo del último viernes como F&J SAS , es en realidad “una empresa fantasma”. Y que el precipitado sondeo de precios previo a la compra directa solo interesó a un cotizante, que no es la que finalmente emite la factura.
Señaló que el importe pactado de 192 millones de pesos “triplica los valores de plaza” , según otros presupuestos que él obtuvo por cuenta propia, ya que el Ejecutivo municipal no los aportó.
Costa Brutten dijo que se trato de “un accionar administrativo ruinoso para el erario municipal” y le pidió al Tribunal de Contralor que dictara una “medida de no innovar que impida el pago” a favor de la firma F&J, domiciliada en Neuquén, y también que efectúe denuncia penal contra los funcionarios responsables.
La compra directa fue posible a partir de la sanción de la ordenanza de emergencia económica que vence este jueves.
En su presentación el concejal dice que resulta “inverosímil” que una empresa concesionaria de autos, “y sin acreditar representación, obtiene una orden de compra directa de una planta dosificadora de hormigón nueva, con flete incluido , para luego no ser parte del cobro, permitiendo dicho acto a un tercero”.
Según la descripción contenida en la denuncia, el Ejecutivo municipal remitió pedidos de cotización para la planta de hormigón a tres empresas: Del Rey Automotores, domiciliada en Neuquén, Noredemac (de Chaco) y Grúas San Blas (de Tigre).
Costa Brutten indagó sobre los antecedentes de cada una y comprobó que “ninguna vende u ofrece plantas dosificadoras de hormigón” . La primera es una concesionaria de autos, la segunda comercializa máquinas agrícolas y la última se dedica a la venta y alquiler de autoelevadores.
Señaló también que “solo Del Rey, que en realidad se llama Rey Automotores, y en la desprolijidad la denominan mal” aportó un presupuesto. Las otras dos no contestaron. Para el concejal se trató de una “burda maniobra”, ideada para cumplir con las formalidades de un concurso de precios exprés, que eludió sondear a empresas con verdadera incumbencia en el tema.
“Pero lo peor es que el pago venta contra una factura de una empresa que no participó de la ronda de cotizaciones” , objetó el denunciante, en referencia a F&S. La resolución de Cortés que autoriza el pago “no estuvo precedida de un acto de adjudicación”, sostuvo Costa Brutten.
Dijo que el valor pagado “triplica los valores posibles de plaza” obliga a determinar “la nulidad absoluta del acto”. Por eso pidió la intervención inmediata del Contralor. Dijo que no se presentó en forma directa a la Justicia porque otras veces, en situaciones similares, la fiscalía le objetó no haber agotado la vía administrativa.
Costa Brutten dijo que F&J SAS “cambió el objeto hace un mes” para incorporar el rubro de las plantas de hormigón “y convalidar esta acción”, porque hasta entonces también figuraba como comercio de automóviles.
