En la horas previas a la nochebuena del 2023 apareció muerto en la zona de los hornos de ladrillo de Allen, conocida tambien como la zona de las bardas Josá Daniel Cumilao de 30 años, en un hecho que estuvo por meses rodeado de misterio.
Los investigadores exploraban hipótesis y recolectaban indicios que permitieran orientar las pesquisas para identificar al autor del disparo que había causado la muerte del joven. Casi diez meses después, la fiscalía formuló cargos contra un sospechoso del crimen.
El juez de garantías Julio Martínez Vivot admitió los cargos que el fiscal Ricardo Romero formuló contra el empresario minero Hércules Impiccini, de 65 años, por el homicidio de Cumilao.
El fiscal le atribuyó al acusado el hecho ocurrido la madrugada del 24 de diciembre del 2023, en el sector conocido como las bardas, en Allen, en cercanías de los hornos de ladrillos que posee Impiccini.
Según relató Romero, el joven fue hasta ese lugar con la supuesta intención de sustraer chapas que estaban en el horno. Dijo que un vecino llamó al celular del imputado y le avisó de esa situación. Le informó a las 1.22 de esa madrugada que había personas merodeando en la zona.
El fiscal afirmó que Impiccini se habría presentado en el predio con una escopeta y disparó contra Cumilao y lo mató.
Dijo que la víctima murió por una hemorragia interna, según estableció el perito que hizo la autopsia.
El abogado Marcelo Hertzriken Velasco, patrocinante legal de Pamela Quiroga, pareja de la víctima, que se constituyó en querellante, adhirió a la acusación fiscal.
Romero dijo en la acusación que la mujer había declarado que Cumilao le había dicho que iba al horno del “Gringo” Impiccini, con la intención de sustraer unas chapas. La testigo sostuvo que como su pareja no regresó a la vivienda, a las 7 del 24 de diciembre fue a recorrer el lugar.
Dijo que cuando se acercó había un grupo de personas alrededor de una persona tirada en el suelo, boca arriba, a quién reconoció como su pareja, Cumilao.
El fiscal informó al juez las evidencias recolectadas durante la investigación preliminar para sostener la acusación. Mencionó el acta de procedimiento policial, informes de la Oitel, declaraciones de testigos, la denuncia de la pareja de la víctima, entre otras pruebas, que señalan al empresario como el sospechoso de haber cometido el crimen de Cumilao. Calificó el hecho como un homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El defensor particular Carlos Vila, que asistió al acusado en la audiencia, que se hizo este lunes, rechazó los cargos. “Advierto que tienen suficientes elementos de juicio para sostener una muerte violenta sospechosa de criminalidad, pero veo casi nada para imputarle al señor Impiccini esta muerte violenta”, afirmó. Indicó que la fiscalía solo tiene como evidencia un llamado telefónico.
El juez rechazó el planteo y habilitó la investigación del caso por cuatro meses. La fiscalía y la querella no pidieron medidas cautelares contra el acusado. Deberá mantener el domicilio informado y avisar a la justicia si lo cambia.