Un extenso debate sobre el recorte presupuestario a la universidades públicas se produjo en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados de Neuquén.
En la ocasión, diputados y diputadas opinaron sobre la problemática económica de las casas académicas durante el apartado de Otros Asuntos y aprobaron la declaración N° 3937, que se expresa en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso nacional.
Al hablar sobre la situación de las universidades, el legislador por Avanzar, Francisco Lepore, desacreditó cualquier postura tendiente a señalar que el acceso a la educación superior gratuita se encuentra únicamente supeditada a alumnos y alumnas enmarcadas en clases sociales con un pasar socioeconómico alto o medio alto.
Para contrarrestar esta afirmación, Lepore observó que cerca del 68% de los ingresantes a carreras de grado se corresponde con estudiantes provenientes de familias cuyos padres nunca asistieron a una universidad, es decir que se trata la primer generación de universitarios.
El legislador añadió que tanto en la Universidad Nacional del Comahue como en la de Río Negro el porcentaje crece hasta alcanzar el 71%.
Con respecto a la movilidad social, remarcó que el acceso a un título universitario le posibilita al trabajador poder gozar de una mayor estabilidad laboral. Lo dijo al precisar que entre los 30 y los 50 años las posibilidades de quedar desempleado aumentan en aquellas personas que no obtuvieron una formación de grado.
En ese sentido, confirmó que democratizar el acceso al conocimiento tiene una incidencia directa en la generación de movilidad social ascendente, visión que queda reflejada en el aumento de la matriculación de estudiantes de bajos recursos desde el 2016 a la fecha, que trepó del 23,2% de la matrícula hasta el 42,6% actual.
En este contexto, el legislador alertó respecto a la “fuga de cerebros” por los bajos salarios de docentes y calificó como una política desacertada restringir en un 40% el presupuesto destinado al funcionamiento de las unidades académicas de todo el país.
Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez, pidió una discusión “seria” respecto al tema tanto desde el gobierno nacional como de parte de la oposición política.
Indicó que “claramente” los salarios de docentes universitarios se encuentran desactualizados, no obstante también objetó que el porcentaje de personas de bajos ingresos que acceden a la educación superior demuestran una trayectoria educativa escasa al no lograr recibirse.
“Los pobres ingresan a la universidad, pero no se reciben. El rendimiento académico es bajo y la cantidad de materias aprobadas se encuentra entre ‘cero’ y una por año.
No podemos pensar una universidad para 1,7 millones estudiantes de los cuales 700 mil no se sabe bien qué hacen”, contabilizó Bermúdez.
Con respecto a la postura del gobierno nacional, el diputado consideró prioritario que desde el Ejecutivo nacional se exprese una noción sobre la política educativa que pretende desplegar, al señalar que “el presidente con el veto no explica el camino”.
Por su parte, Gabriela Suppicich, pidió volver a debatir el tema en el Congreso. Advirtió que lejos de cerrarse el conflicto con la ratificación del veto, esta decisión llevó a que en la actualidad el movimiento estudiantil lleve adelante más de 60 tomas de edificios en defensa del salario docente y no docente y de las becas estudiantiles, que se encuentran en 38 mil pesos.
