Una joven de Luis Beltrán denunció a su ex pareja por la difusión de videos íntimos de cuando tenían el vínculo amoroso.
La presentación la formalizó en la Comisaría de la Familia y la causa recayó en la Justicia de Paz, donde dictaron medidas cautelares “de carácter urgente” que el acusado deberá cumplir, bajo pena de ser sancionado.
Entre las pautas establecieron la prohibición de acercamiento y contacto, a lo le sumaron la realización de un curso de capacitación en el área de Género y Masculinidades del gobierno provincial.

La mujer declaró en la Policía que se habían puesto de novios y que, con su consentimiento, hace aproximadamente un año, se filmaron sosteniendo encuentros eróticos. Pero transcurrido un tiempo el romance terminó.
El último martes 26, dijo que entre sus conocidos comenzaron a circular videos explícitos por Whatsapp.
Las autoridades de la dependencia judicial local, cuya titular es Mónica Mabel Garro y el suplente Fermán Matías Zavala, convocó al acusado para tomarle declaración, dado que se trata de un presunto caso de «violencia digital», prevista en la Ley N°26.485 y su modificatoria 27.736, conocida como Ley Olimpia.
El hombre, cuyas iniciales son PBC, se presentó el jueves 21 en la sede judicial, donde admitió que “reconoce la viralización de esos videos”. Agregó que son varios de ese tenor y que los tienen tanto él como también ella.
Sin embargo aseguró que él no fue quien los propagó y que desconoce quien pudo haber sido el autor.
Explicó que “hace un tiempo perdió su celular” y que algunas de las filmaciones quedaron en ese aparato.
Sostuvo que a él también le habían llegado por amigos y allegados y que le generaron “innumerables consecuencias”, porque tiene una hija menor y ahora la madre le impide visitar a la niña.
La sanción
Además de establecer la prohibición de acercamiento, y cualquier tipo de contacto o comunicación con la víctima como medida cautelar, la jueza le ordenó a BPC que deberá efectuar una capacitación en el Área de Género y Diversidad, Masculinidades, Relaciones de Poder y Cambio Social del gobierno de Río Negro.
Le advirtieron que de no acatar la resolución judicial, le cabrán las sanciones previstas en el Ley N°26.485, que encuadra la violencia contra la mujer.
