En sesión extraordinaria, la Legislatura de Río Negro sancionó este miércoles, por mayoría, la ley para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas y candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios.
La ley fue aprobada con 36 votos positivos y 5 negativos. Lucas Pica fue el miembro informante del proyecto del Ejecutivo. Explicó que la iniciativa viene a dar “un verdadero shock de confianza” en un contexto de crisis de representatividad en todos los sectores de la sociedad.
“Con este proyecto el gobernador Weretilneck está solicitando que haya consenso para bloquear la oferta electoral para que solamente puedan saltar la tranquera y puedan formar parte de ese sector de la oferta electoral, los mejores hombres y mujeres”, indicó.
“Nosotros planteamos que aquel que ha cometido un delito, tiene ratificada una condena por la doble instancia, garantizando el doble conforme, no puede ser candidato”, fundamentó.
“Estamos convencidos que con esto blindamos a los rionegrinos. Al reglamentar un derecho político pasivo, como es tener la posibilidad de ser candidato, estamos reglamentando el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que solamente los idóneos pueden ocupar cargos públicos”, agregó.
Por el bloque de la Unión Cívica Radical, Lorena Matzen apoyó la propuesta. Destacó que es un proyecto que no nace de la política, sino que la política tomó una iniciativa ciudadana y la hizo propia. “Que hoy aprobemos ‘ficha limpia’ es defender la democracia . Representa los valores y la necesidad de saldar una deuda con la ciudadanía”, consideró
La legisladora agradeció la decisión política del gobernador Weretilneck para que este tema se esté debatiendo en el recinto y destacó el trabajo realizado en Río Negro por jóvenes de la Unión Cívica Radical que hicieron que alrededor de 20 municipios cuenten con ficha limpia. “Es un gran día para Río Negro, que nos permite trazar un punto de inflexión para recuperar la confianza de la gente en la representación política”, expresó.
En el mismo sentido, su compañero de bancada, Ariel Bernatene, manifestó que el proyecto “responde a una demanda urgente para garantizar la transparencia y la ética en la función pública”.
María Laura Frei, del bloque Pro Unión Republicana, también votó a favor, aunque consideró que se trata de “un enfoque más oportunista que sincero, aprovechando el viento de cola del Gobierno nacional”.
“Defendemos “ficha limpia” porque creemos en una política transparente, no porque sea conveniente sino porque es lo correcto. Los rionegrinos merecen sinceridad, compromiso, no decisiones tomadas según el momento político”, aclaró.
Por el mismo bloque, Santiago Ibarrolaza coincidió con Lucas Pica en que “no puede ser más importante el proceso que la sustancial de la política, que necesita de dirigentes decentes, honestos, que creen que la política es la mejor herramienta de transformación para la vida de los rionegrinos”.
“Hay que buscar sistemas políticos de auto depuración, porque si los que estamos en la política no nos auto depuramos termina pasando lo que pasó en la última elección: la que nos depura es la sociedad, a través del voto”, observó.
Aunque celebró la decisión del Gobierno provincial de tratar el tema, también planteó dudas sobre la conveniencia de su tratamiento y por otro lado sobre el “contenido ideológico de cómo ha gobernado Juntos Somos Río Negro durante estos años”.
El presidente de la bancada, Juan Martín, cerró la posición del bloque concluyendo: “Hoy, valores y convicciones le van a ganar al oportunismo y a la impunidad. Hoy vamos a hacer historia en Río Negro. Hoy ‘ficha limpia’ va a ser ley, pero sepan que esto recién empieza”.
Por el bloque Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, destacó la iniciativa del Ejecutivo. Manifestó la coincidencia de su bloque con el espíritu del proyecto, negó que el proyecto sea inconstitucional y que no respete el debido proceso. “La Corte no tiene plazos, entonces pedir que la condena quede firme a través de la Suprema Corte de la Nación, es pedir que nunca se expida, así que me parece perfecto que tengamos ese doble conforme que ya veníamos aplicando en la provincia”, fundamentó.
Roberta Scavo, del bloque de la Coalición Cívica Ari – Cambiemos, destacó que “este proyecto viene a fomentar la transparencia institucional, es un reclamo ético de la sociedad y me parece trascendental que lo estemos escuchando”. Aseguró que “los delitos de corrupción que se producen generan un daño estructural y productivo al país, atentan contra el sistema democrático porque perdemos la confianza, la credibilidad”.
El presidente del bloque, Javier Acevedo, cuestionó si es necesario que la Corte Suprema de Justicia tenga que dictaminar sentencia firme cuando muchos hombres y mujeres de menor condición están presos con solo una condena y por delitos mucho menos graves. “Lo que sucede acá es que el corrupto quiere ganar tiempo, y en especial, evadir el castigo. De esa forma, se presenta en las elecciones, se acomoda en un cargo legislativo, y a partir de ahí se esconde tras los fueros y… siga la fiesta. Debemos legislar para tratar de recuperar la credibilidad y la confianza de todos los ciudadanos, en especial, de los jóvenes, muchos descreídos de la política, escépticos”, señaló.
“Lo único que dice este proyecto de ley es que, de ahora en más, los ladrones, los abusadores, los narcos, los lavadores de dinero, los contrabandistas de divisas, los golpeadores de mujeres, condenados en dos instancia por la Justicia, no podrán ser candidatos en nuestra provincia. Nada más, y nada menos”, concluyó.
La oposición al proyecto vino por el lado del bloque Vamos con Todos. Magdalena Odarda aseguró que el proyecto viola la Constitución Nacional y las garantías establecidas en las convenciones y convenios internacionales.
En particular, se refirió a la “violación” del estado de inocencia, que constituye una de las máximas garantías del imputado en el proceso penal, y al principio de cosa juzgada, que se obtiene con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Nosotros entendemos que un proyecto de esta naturaleza, en este momento histórico del país y de la provincia, puede ser entendido como una herramienta de proscripción política”.
Por el mismo bloque, José Luis Berros basó su rechazo en críticas a exfuncionarios provinciales y hacia la independencia, imparcialidad e idoneidad de la Justicia de Río Negro.
En disidencia de su bloque, Luciano Delgado Sempé acompañó el proyecto. Justificó que la “gente pide a gritos en las calles la honestidad y la transparencia en la política”. “No puedo dejar de oír a los vecinos que nos piden este gesto de transparencia, de honestidad”, expresó.
“Por supuesto que estoy de acuerdo que nadie tenga antecedentes penales, que la sociedad nos pide a gritos honestidad, pero en todo el sistema político”, agregó.
“Lo voy a acompañar en honor a mis padres, a mi hija, a mi esposa, a la familia que me ha criado con principios y valores, y porque creo que es la manera de mejorar la democracia. No obstante, propuso al oficialismo mejorar la Justicia: “Tiene que haber una Justicia independiente, que no sea permeable”, remarcó.
Ana Marks, del PJ Nuevo Encuentro, también votó en contra. Consideró que “generar leyes que violan la Constitución Nacional, que van contra un principio tan importante como el de la presunción de inocencia, nos pone aún en el riesgo de generar y promover una mayor legitimidad y legitimación de los roles que hoy nos toca ocupar”.
Planteó su preocupación por una posible proscripción: “Generar inhabilitaciones a personas que no tienen sentencia firme y que aún le restan instancia de apelación puede ser una herramienta muy peligrosa, no para nadie en particular, sino para la democracia en general”.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien remarcó que el Gobierno de Juntos Somos Río Negro no tiene ningún funcionario que incumpla esta ley, que haya cometido ningún delito doloso, ni denunciado ni procesado ni condenado en primera o segunda instancia.
Con respecto a los cuestionamientos de inconstitucionalidad hechos por la oposición, respondió: “Todo es inconstitucional para aquel que no le gusta lo que las mayorías definen; todos los problemas arrancan en Londres y llegan al recinto; todos los problemas están en el Poder Judicial”, observó.
“Para algunos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el Superior Tribunal de Justicia, es buena cuando la sentencia nos favorece; ahora, es mala cuando la sentencia no nos gusta. Nosotros no nos definimos por un lado o por otro según la sentencia”, aclaró.
Además, aclaró que “nadie está proscribiendo a nadie, lo que no hay que hacer es cometer delitos”.