El reciente dictamen del Procurador General de Río Negro representa un duro revés para el intendente de Allen, Marcelo Román, en medio del conflicto judicial por el cobro irregular de tasas municipales.
De confirmarse con la sentencia final del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el municipio podría enfrentar la obligación de devolver una suma millonaria a los contribuyentes perjudicados.
El caso se originó a partir de una ordenanza del Concejo Deliberante que establecía recalcular las tasas municipales de 2024 tomando como base los valores de diciembre de 2023. Esta medida se sustentaba en dos ordenanzas anteriores vetadas por el intendente y aceptadas irregularmente por la expresidenta del Concejo, Valeria Bezic, quien posteriormente fue destituida por su accionar.
Marcelo Román presentó una acción constitucional ante el STJ para impugnar la ordenanza, pero el dictamen del Procurador General refuerza las irregularidades en las decisiones tomadas por el jefe comunal y Bezic, ambos referentes de la Libertad Avanza.
Impacto y posibles consecuencias
Se sabe que los dictámenes del Procurador no son vinculantes, pero suelen influir significativamente en la resolución del STJ. “Es raro que el Superior se aparte de un dictamen tan contundente”, aseguró una fuente cercana al caso, destacando que el documento expone las irregularidades en la gestión municipal.
El dictamen también respalda las sanciones del Tribunal de Cuentas y la destitución de Bezic, al tiempo que subraya el perjuicio económico generado a los contribuyentes. De fallar en el mismo sentido, el STJ podría obligar al municipio a realizar una millonaria devolución por el cobro indebido de tasas.
Un fallo que marcará un precedente
La resolución del STJ se espera para después de la feria judicial y podría establecer un precedente en cuanto a la gestión y transparencia de los recursos municipales en Río Negro.
Con un impacto significativo en la comunidad de Allen, este fallo también plantea interrogantes sobre el manejo de los fondos públicos y la responsabilidad de las autoridades locales en garantizar la legalidad de sus actos.(Inforo)