Es urgente que como pueblo tomemos conciencia. Las represas construidas en nuestros ríos, que durante décadas fueron administradas bajo concesión, ahora están en la mira de la privatización total. Ya no se trata de alquilarlas, como ocurrió en los años ‘90, sino de venderlas directamente. Y con ellas, vendemos también algo mucho más valioso: nuestro poder de decisión sobre el agua y la energía.
Como rionegrinos, somos dueños del agua, en conjunto con la hermana provincia del Neuquén, con la que se genera la energía. Pero este proceso que se está llevando adelante nos deja afuera. No hay cláusulas que hablen del cuidado de quienes vivimos aguas abajo. No hay compromiso real de mantenimiento ni inversión. El pliego, según quienes pudieron acceder a él, solo habla de “modernización” —una palabra vacía cuando no se acompaña de obligaciones concretas en infraestructura, seguridad y resguardo ambiental.
Y lo más preocupante: el precio de la energía, hoy regulado en un 90% por el Estado, pasará progresivamente a manos de las empresas privadas. Cada dos años, ganarán un 10% más de control. En 20 años, el precio de la energía será definido exclusivamente por quienes buscan maximizar su rentabilidad, no por quienes defendemos el acceso justo a un servicio esencial.
Nos están engañando y nos quieren confundir mediante un error conceptual.
Las regalías que hoy pagan las hidroeléctricas son por el uso del agua según nos dicen desde Nación, y es del 12% (6% para Río Negro y 6% para Neuquén) que pagan las hidroeléctricas.
En verdad deberían ser por los daños ambientales y económicos que le producen a las provincias de Neuquén y Río Negro por tener emplazadas en sus ríos y valles las hidroeléctricas.
Con la construcción de las represas se nos inundaron valles productivos y así se produjo un terrible daño ambiental y económico.
Y encima se paga el 12% de dos de los cinco ítems de la generación de energía y no por el total de la energía facturada por cada hidroeléctrica.
O sea, que lo que nos deberían pagar las hidroeléctricas a los rionegrinos y neuquinos es el 12% de la facturación total por regalías (daño ambiental y económico) y aparte pagarnos el canon por el uso del agua para generación de energía, que votaron las Legislaturas de Río Negro y Neuquén en el 2024.
Pero el problema no es solo económico. Es profundamente estratégico. La venta de las represas pone en riesgo la soberanía nacional sobre uno de los recursos más críticos: la energía.
El control del flujo de agua, la operación de las turbinas, la definición del caudal energético y el destino de esa energía —si es prioritaria para abastecer a la industria nacional o si se redirige al mercado de exportación— dejan de estar en manos del Estado argentino.
Esto no solo significa perder soberanía sobre un bien público, sino también perder la capacidad de planificar y garantizar el abastecimiento energético para nuestras industrias, pymes y economías regionales.
¿Qué pasará si un conglomerado extranjero decide que no es rentable enviar energía a una zona industrial del Alto Valle o del Comahue? ¿O si se privilegia la exportación de energía a Chile o Brasil por sobre las necesidades del pueblo argentino? ¿Quién definirá las prioridades estratégicas del país?
Deben cumplir con la Constitución, las leyes y la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, que ordenó resolver el problema de SEGURIDAD de VIDAS y BIENES de rionegrinos y neuquinos. Debemos exigir el cumplimiento.
No se trata de ideología. Se trata de sentido común y defensa nacional.
Entregar las represas es entregar también una herramienta esencial para el desarrollo productivo del país. La energía debe ser una política de Estado, no un negocio de pocos.
No es una discusión técnica ni lejana. Es política. Y es de todos. Si vendemos nuestras represas, perdemos soberanía, perdemos poder de decisión y abrimos la puerta a que el precio de la energía lo definan otros, lejos de nuestras necesidades.
Es ahora o nunca. Defendamos lo que es nuestro.
*Legislador Provincial – Río Negro
