Ante la crítica situación que atraviesa la pesca en el Golfo San Matías, la concejal de Primero Río Negro de San Antonio Oeste Karina Avaca, inició una serie de gestiones con gremios, trabajadores y autoridades provinciales.
Según indicó, busca que el poder legislativo local tenga un rol activo en las decisiones que afectan a la actividad, garantizar la transparencia en el manejo de fondos y facilitar condiciones para que las embarcaciones artesanales puedan operar.
De acuerdo a lo que se menciona en la página canal12web.com, Avaca mantuvo reuniones con el delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Sierra Grande y visitó la sede local del gremio, donde se interiorizó sobre las principales dificultades del sector. Entre ellas, destacó la imposibilidad de uso de la dársena concesionada, lo que mantiene paralizadas a varias embarcaciones que están en condiciones de salir a trabajar.
Otro punto que generó preocupación fue la existencia de una Comisión Municipal de Pesca que, aunque creada por ordenanza, nunca fue puesta en funcionamiento y fue dada de baja sin justificación. “Descubrimos que no teníamos ningún tipo de participación ni información real sobre lo que ocurre en el sector pesquero”, señaló la edil.
El 2023 marcó el comienzo de una crisis en el San Matías, cuando por primera vez se decretó la Emergencia Pesquera en la provincia de Río Negro, debido al colapso de los recursos pesqueros en el caladero local. En 2024, esta medida fue prorrogada, ya que la situación no mejoró y el estado de la biomasa de merluza hubbsi sigue siendo débil, lo que demanda años de recuperación con políticas de manejo adecuadas.
El panorama actual es desolador: solo un barco industrial sigue operando en el golfo, y la flota artesanal está al borde de la extinción. Muchos permisionarios se han visto obligados a embarcarse en otras flotas o reconvertirse a otras actividades. La falta de disponibilidad de merluza en tallas comerciales y la escasa presencia de langostino han hecho inviable el desarrollo y la sostenibilidad de proyectos productivos en la región.
La situación se agrava con la pérdida de empleo en tierra, ya que varias plantas de procesamiento han cerrado, siendo la más reciente la empresa Río Salado, que despidió a un centenar de trabajadores. Aunque desde la Subsecretaría de Pesca de Río Negro se alentó la formación de una cooperativa para los ex obreros, la iniciativa no prosperó debido a la falta de garantía de abastecimiento regular de materia prima y a los costos elevados de la industria pesquera.
Avaca se reunió con la subsecretaria de Pesca de Río Negro, Jessica Ressler, quien habría reconocido la necesidad de incorporar al poder legislativo municipal en la Comisión Provincial de Pesca. La funcionaria se comprometió a convocarla a las próximas reuniones mientras se trabaja en una modificación normativa que formalice esa integración.
Además, la edil expresó su preocupación por la «falta de transparencia» en la administración del fondo pesquero y en la aplicación del seguro de caución que las empresas deben presentar al instalarse en la provincia. También anunció encuentros con representantes de la pesca artesanal para conocer sus demandas de primera mano.
“Es fundamental que si vamos a sostener que somos un municipio pesquero y turístico, estemos verdaderamente involucrados en las decisiones que afectan al recurso y a quienes viven de él. La injerencia es provincial, pero el impacto es absolutamente local”, enfatizó.
Finalmente, la concejala remarcó que la raíz del conflicto actual no está en la normativa vigente, sino en la desatención de los informes técnicos y la falta de gestión. “La nueva ley de pesca no es el problema. El problema ha sido la mala gestión histórica del recurso. Se desoyó a los especialistas y hoy estamos enfrentando una crisis que se venía anunciando desde hace años”, concluyó. (Canal12web.com)