A pesar del intento de boicot por parte de las autoridades, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protestó en todas las delegaciones de PAMI del país por las graves irregularidades conocidas en la obra social de los jubilados.
“El gobierno tiene muchas explicaciones para dar sobre el PAMI. Tenemos que darle continuidad a nuestro plan de lucha. No puede ser que se esté desviando la plata de los jubilados. La obra social tiene un presupuesto multimillonario y no podemos tolerar que más de 5 millones de beneficiarios estén sin prestaciones y que los trabajadores no tengan actualización salarial hace más de ocho meses”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
“La obra social debe iniciar una investigación sumarial interna y luego de deslindar responsabilidades, realizar una presentación penal que contemple a todos aquellos que han intervenido en procesos de licitaciones o compras sospechosas”, agregó el dirigente estatal y trabajador de PAMI.
En las horas previas a la protesta, el sindicato registró amenazas de sanciones, sumarios y despidos a aquellos trabajadores que decidieran ejercer su legítimo y constitucional derecho a la protesta en las distintas delegaciones de todo el país.
También se evidenciaron ataques contra la libertad de expresión cuando distintos funcionarios del organismo eliminaron todo tipo de comunicación sobre los reclamos de los trabajadores y la medida de fuerza.
Es por ello que ATE evalúa nuevas medidas para darle continuidad al plan de acción.
En este marco, y sumado a las denuncias públicas y judiciales por sobreprecios, cobro indebido a los afiliados, el desvío de fondos a las cajas de La Libertad Avanza y de dirigentes partidarios, entre otras graves irregularidades certificadas por el sindicato, ATE exige una inmediata audiencia con las autoridades del organismo que dirige Esteban Leguizamo para que den las correspondientes explicaciones.
La entidad sindical también exige que se convoque de manera urgente a las paritarias ante la situación de los trabajadores cuyos salarios se encuentran congelados hace más de siete meses.
