El gremio de Camioneros en Río Negro anunció un paro total en la cuenca de Vaca Muerta, y amenaza con paralizar por completo las operaciones. La medida, se desarrolla desde las 6 de la mañana de hoy, como consecuencia del fracaso de las negociaciones con las empresas que ofrecieron tomar a los trabajadores despedidos de NRG, la empresa proveedora de arenas para el fracking con sede en Allen.
El corazón del conflicto radica en que la compañía se encuentra actualmente en un proceso de convocatoria de acreedores en un tribunal de Buenos Aires. NRG reconoció que desde noviembre de 2024 despidió a 640 empleados, manteniendo activa su nómina con apenas 90 personas. El gremio cifró la deuda que la compañía tiene con los trabajadores en unos 1.200 millones de pesos, de salarios, aguinaldos e indemnizaciones impagos. La situación afecta a unos 160 camioneros de Río Negro.
Sin embargo, el disparador del paro no fue solo la falta de pago, sino una propuesta que llegó desde las empresas contratistas. Querían que los despedidos aceptaran un acuerdo que les reconocía apenas el 20% de lo que se les debe. Lo más grave es que el documento incluía una cláusula que, de ser firmada, les impedía a los trabajadores continuar con cualquier reclamo futuro o incluso volver a ser contratados en los yacimientos. Gustavo Sol, secretario general del gremio, no dudó en calificar la jugada como un «intento de extorsionar a los trabajadores con migajas», aprovechándose de su desesperación.
Para el sindicato, la responsabilidad no es exclusiva de NRG. De hecho, apuntan a las grandes operadoras como Shell, Tecpetrol, Total y Phoenix, a quienes señalan como «solidariamente responsables». El gremio argumenta que estas empresas mantuvieron contratos con NRG durante los últimos cuatro años y que ahora, en medio de la crisis, no están aportando los fondos necesarios para que la deuda sea saldada en su totalidad y de forma justa.
El paro afecta toda la región productiva de Vaca Muerta y, según el gremio, se mantendrá sin fecha de finalización hasta que haya una «respuesta concreta» de las empresas. La postura es inflexible: no aceptarán presiones ni acuerdos que desconozcan los derechos adquiridos de los 600 despedidos, cuyo reclamo ha escalado a una paralización total de la cuenca petrolera.
