La jueza de Río Grande, Mariel Borruto, prohibió por 30 días el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado. Así, frenó la medida del SENASA que regía desde fines de junio. La magistrada hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego.
Los ganaderos fueguinos argumentaron que la medida “compromete el status sanitario diferencial de la región, alcanzado tras décadas de inversión público-privada, sacrificios económicos de los productores y cumplimiento riguroso de protocolos de bioseguridad, constituyendo un activo patrimonial y estratégico de alto valor económico y ambiental”.
El SENASA se defendió diciendo que la resolución “persigue fines de modernización y competitividad del sector pecuario nacional, contribuyendo a la inserción internacional de la producción argentina y a la equiparación con estándares regionales, sin vulnerar derechos constitucionales ni afectar la producción local”. Aclaró en su contestación que “la Patagonia mantiene su estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, y que la medida no implica riesgo de pérdida de dicha condición”.
Una vez que recibió todas las respuestas del SENASA, y a pesar de que la fiscalía se manifestó en contra de aceptar el amparo, la jueza Borruto expresó que “esto no resulta ajustado a los hechos reales”, lo cual equivale al argumento de las asociaciones rurales de la Patagonia, quienes al unísono aseguraron que desde el Gobierno nacional habían mentido, respecto de que no habría consecuencias.
Y se plegó a los argumentos de los ruralista patagónicos al sostener que “el reconocimiento internacional de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, constituye un activo estratégico para la economía nacional y regional, cuya pérdida o degradación, acarrearía un perjuicio irreparable no sólo a productores y trabajadores rurales, sino también a los consumidores, que verían comprometido su derecho a acceder a alimentos en condiciones de inocuidad y trazabilidad adecuadas”.
Borruto se explayó en detalle sobre la situación de los campos de Tierra del Fuego, que consideró que no fue tenida en cuenta desde el gobierno nacional. Ocurre que los ganaderos fueguinos, llevan sus animales a faenar a frigoríficos de Santa Cruz, debiendo recorrer entre 300 y 600 kilómetros, y sortear dos controles sanitarios chilenos, atento que la balsa que usan para ingresar al continente es un servicio que se presta en aquel país.
