La causa por el femicidio de María Angélica Zapata dio este sábado un paso clave en Bariloche. El equipo fiscal formuló cargos contra un hombre de 66 años esposo de la víctima, y solicitó su prisión preventiva, medida que fue avalada por el juez de Garantías interviniente.
De acuerdo con la acusación, la muerte de la mujer se produjo durante la madrugada del viernes en una vivienda del barrio Nuestras Malvinas. En la audiencia, la fiscal del caso detalló que el imputado “habría utilizado un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros para atacar y dar muerte” a Zapata.
El informe de autopsia incorporado al expediente indicó que la víctima sufrió al menos 28 heridas punzantes y 25 cortopunzantes en distintas zonas del cuerpo, cuatro de ellas penetrantes con compromiso de órganos vitales. Para la fiscalía, la agresión se inscribe en un contexto sostenido de violencia de género. “El hombre ejercía de manera crónica y en escalada distintos tipos de violencia —principalmente psicológica y física—, configurando un patrón sistemático de dominación y control”, se explicó durante la formulación de cargos.
La calificación legal provisoria es la de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, conforme a los artículos 45 y 80 incisos 1° y 11° del Código Penal.
Como respaldo probatorio, la acusación enumeró distintas actuaciones y testimonios incorporados en esta etapa inicial, entre ellos denuncias previas realizadas por la víctima, declaraciones de vecinos de la zona, informes del Gabinete de Criminalística y el secuestro de un cuchillo hallado en el dormitorio de la vivienda. También se mencionó la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) con familiares de la mujer.
La defensa penal pública no cuestionó la descripción del hecho ni la calificación legal en esta instancia. El imputado, asistido por su equipo defensor, optó por no declarar.
Al analizar las medidas cautelares, el fiscal jefe sostuvo que no existían alternativas menos gravosas que garantizaran el desarrollo de la investigación. “Sabemos que este hombre podría obstaculizar de manera real e inminente la investigación, especialmente respecto de la familia de la víctima”, afirmó, y señaló además el riesgo de fuga en función de la gravedad del delito y la pena en expectativa.
El magistrado coincidió con estos argumentos, tuvo por formulados los cargos y dispuso un plazo de investigación que se extenderá hasta el 31 de mayo. En ese marco, ordenó la prisión preventiva del acusado por cuatro meses.
