Una tremenda explosión y posterior incendio se produjo este lunes en San Antonio Oeste en el interior de un enorme depósito de chatarras y otros desechos ubicado frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios, por un lado, y a la costanera por otro.
Los vecinos más cercanos cuentan que poco después del mediodía se sobresaltaron al escuchar la estampida, y sintieron un cimbronazo en el piso que hizo temblar los vidrios.
Cuando salieron a la calle se encontraron con una columna de humo que salía del galpón ubicado en la calle Los Andes, entre Güemes e Yrigoyen, que quedó sembrada de ladrillos y otros trozos de escombros que volaron para todos lados, que llegaron incluso a algunas casas vecinas. De milagro no se produjeron personas heridas porque nadie pasó por el lugar en ese momento.
Se especula que lo que causó el evento, podría haber sido la explosión de un cilindro que contenía amoníaco, aunque hay otra versión que indica que era oxígeno.
De cualquier forma el hecho generó un incendio que afectó más nada yuyos y maleza, el que fue apagado por bomberos que solo tuvieron que cruzar la calle.
Desde el municipio de San Antonio, la coordinadora del Consejo de Gestión Ambiental, Rocío Fernández, informó que tomaron conocimiento del hecho en forma inmediata, porque fue notorio el estruendo. Ella estaba a pocas cuadras, por lo que rápidamente acudió al lugar junto a otros integrantes del gabinete local, indicó.
La funcionaria informó que el lugar, que funciona como chatarrería, había sido clausurado “por tiempo indeterminado” en noviembre de 2024 tras recibir múltiples -e históricas- quejas de vecinos por la proliferación de roedores e insectos y la suciedad que abunda en el predio, cuya superficie equivale a una manzana.
El sitio está lleno de rodados desguazados y fierros viejos de todo tamaño, entre otros despojos que se encuentran a la intemperie, además de tres galpones de gran tamaño donde también acumulan materiales.
Pero además de las molestias que causa el lugar, la medida también se fundamentó en que el inmueble, donde históricamente venden lo que juntan los recicladores, no tenía habilitación comercial, a lo que sumaron que el responsable del emprendimiento no es titular del terreno y no tiene un contrato de alquiler o cesión para manejar el sitio. Asimismo, no puede funcionar como ese rubro porque el Código de Ordenamiento Territorial no lo prevé, agregó Fernández.
Quien es el titular de la propiedad
Para el estado municipal, sostuvo, el dueño es Miguel Irigoyen, también propietario del canal de cable local y una radio FM que en su momento presentó un boleto de compra-venta que se encuentra en los registros oficiales, consignó la Coordinadora comunal.
Por ser el titular, junto a la clausura le impusieron una multa de 170 USAM (Unidad de Sanción Municipal) que en aquel momento alcanzó un monto cercano a los 8 millones de pesos, precisó la funcionaria. A esa sanción le sumaron la orden para que en un lapso de 60 días retirara todo lo que tenían acopiado, disposición que no se cumplió.
Fernández indicó que la clausura generó el descontento de recicladores que vendían lo que juntaban en la chacharita, dado que se quedaron sin la fuente laboral. Fueron al Concejo Deliberante con la queja, y ella elaboró un proyecto para trasladar el emprendimiento a un terreno del viejo Parque Industrial.
“Cumplía una función social, porque iban vecinos que viven del reciclaje”, destacó. Por eso redactó un convenio para la entrega del inmueble y las condiciones de uso, pero el chatarrero nunca apareció, remarcó la funcionaria.
Pero la chacharita continuó funcionando en el mismo lugar de siempre. El lunes tras la explosión ratificaron la medida de clausura, con la colocación de fajas y el acordonamiento del punto donde voló el paredón.
Este martes el responsable concurrió al municipio y le prometió a Fernández que iba a proceder con la limpieza del terreno y pidió que los cargos por las sanciones se las impusieran a él, no a Irigoyen, quien está enfrentado al gobierno municipal y lo expresa a través de sus medios.
Pero el expediente con las novedades registradas fue girado al Juzgado de Faltas, donde deberán definir las acciones a seguir.
