La diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) presentó un proyecto de comunicación para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) analice la reducción del período de feria judicial anual a la mitad de su extensión actual. La iniciativa propone que el receso se limite a una semana en julio y dos semanas en enero, en el marco del proceso de modernización institucional vinculado a la implementación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial y la próxima reforma del proceso de familia.
La medida deberá contemplar mecanismos organizativos que aseguren la continuidad del servicio de justicia, compatibilizando el derecho al descanso del personal judicial con la tutela judicial efectiva y el principio de celeridad procesal. Asimismo, aclara que la propuesta no implica una injerencia en la autonomía del Poder Judicial, sino la apertura de un debate institucional sobre la adecuación del régimen vigente a los nuevos paradigmas procesales.
En los fundamentos, la autora señala que la sanción del nuevo Código Procesal Civil Adversarial marcó un cambio en la organización judicial, con eje en la oralidad estratégica, la concentración de audiencias, la digitalización y la responsabilidad por la dilación.
También advierte que cada semana de paralización puede demorar ejecuciones, cobros, cumplimiento de contratos o resoluciones vinculadas a alimentos, cuidado personal o situaciones de violencia. En ese sentido, señala que la suspensión de plazos puede traducirse en afectaciones concretas de derechos fundamentales.
Agrega que el nuevo paradigma procesal vigente en la provincia impone estándares de eficiencia y prevé sanciones frente a conductas dilatorias, por lo que plantea que esa misma lógica debe trasladarse a la organización institucional del servicio de justicia. En ese marco, propone revisar aquellas estructuras que puedan generar interrupciones o demoras generales, con el objetivo de adecuarlas a los principios de responsabilidad y celeridad que orientan el sistema actual.
“Reducir la feria judicial no implica desconocer derechos laborales ni afectar el descanso del personal judicial; implica repensar su organización bajo criterios de planificación moderna, con sistemas de turnos y licencias escalonadas, compatibles con el funcionamiento continuo de un servicio esencial”, afirma.
