A lo largo de toda mi carrera política sostuve y sostengo que todos, ciudadanos y gobernantes, políticos, jueces y periodistas debemos propiciar una justicia profesional e independiente que sepa mantenerse ecuánime e imparcial, que es, en definitiva, simplemente, lo que correspondería hacer.
Nunca es correcto caer en generalizaciones, por lo tanto, trataré de evitarlo. Con esta prudente advertencia, sí debo manifestar que algunos jueces con ejercicio de funciones en la provincia de Río Negro, tanto en el ámbito federal como provincial, están actuando irresponsablemente o bien están siendo objeto de un claro sometimiento político que debería ser revisado.
Citaré dos ejemplos. Uno de ellos el del juez federal Horacio Greca que en su momento avaló descaradamente el irregular y vergonzoso proceso de conformación del partido la Libertad Avanza en nuestra provincia, en las que pasó por alto mas de 800 denuncias por afiliaciones truchas, falsificación de identidad, y otras terribles acciones que cualquier persona razonable e imparcial hubiera sancionado severamente.
El segundo y mas reciente el del juez Carlos Da Silva que, no solo, hizo su propia interpretación de un formal pedido de revocatoria de mandato realizada por un partido político para alguien que actuó desleal e impúdicamente, sino que razonó a su conveniencia un inequívoco artículo de nuestra Constitución Provincial.
Desde hace mucho vengo sosteniendo la necesidad de modificar el ejercicio de la actividad política garantizando honestidad y transparencia. De la misma manera es necesario que no dejemos pasar acciones judiciales que nos perjudican injustamente. No negocio silencios ni conveniencias. Mi lealtad es con la gente de Río Negro.
Y así como he venido denunciando a quienes utilizan la política para generarse desvergonzados beneficios personales, tanto antes como ahora, los de ellos y los nuestros, siento la obligación de denunciar este avasallamiento prepotente e injustificado de algún sector de la justicia.
Debo confesar que muchos me aconsejaron dejar pasar este nuevo proceso, ya que, de llegar en algún momento, la sanción para esta persona en particular, que habiéndose ganado la confianza de nuestros dirigentes partidarios, luego incumplió ética, moral, personal e inconstitucionalmente con quienes le brindamos la oportunidad de ser legislador provincial, ya habrá cumplido con su irregular mandato, he decidido y dado instrucciones de nuestros abogados a fin de que apelen esta medida, desde mi punto de vista incomprensible e incoherente.
Adopto tal actitud para ver si de alguna vez por todas podemos empezar en esta provincia a fortalecer las instituciones y la calidad de nuestra democracia, para que en algún momento la política y la justicia se den cuenta que la democracia se respeta, se desarrolla y se mantiene respetando las reglas de juego.
Es indispensable sentar jurisprudencia para evitar que sigan existiendo acciones dañinas, traicioneras y oscuras de algunos personajes de la política que solo piensan en beneficio propio, como así también que evite este accionar vergonzoso, prepotente e interesado de aquellos que fueron nominados para razonablemente y sin condicionamientos ejercer justicia.
