La seguridad se ha transformado en una de las principales demandas de la ciudadanía y, al mismo tiempo, en uno de los grandes desafíos del Estado. En nuestra provincia, esta responsabilidad, a los que tenemos roles de representatividad, como dirigentes políticos nos obliga a actuar con seriedad y a planificar poniendo como eje central el cuidado de la vida de los ciudadanos.
Hoy, la Policía de la Provincia de Río Negro cumple su función esencial de prevención y protección con herramientas que, en muchos casos, no reflejan la complejidad de las situaciones que enfrenta a diario. En la práctica, el personal policial que presta servicio en la vía pública cuenta fundamentalmente con su arma reglamentaria —generalmente una pistola calibre 9 mm—, cuyo uso está reservado a escenarios extremos donde existe un riesgo real e inminente para la vida o la integridad física.
Sin embargo, la realidad demuestra que entre la presencia disuasiva del agente y el uso de un arma letal existe un amplio abanico de situaciones intermedias que hoy no cuentan con respuestas adecuadas. Es allí donde el Estado no puede permanecer ausente.
La dinámica actual de la seguridad pública exige incorporar herramientas que permitan intervenir de manera eficaz sin recurrir, de forma inmediata, a la fuerza letal. En este marco, el concepto de uso gradual y racional de la fuerza deja de ser una consigna teórica para transformarse en una obligación concreta de política pública.
La doctrina internacional es clara al respecto: toda intervención de las fuerzas de seguridad debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Para cumplir con estos estándares, resulta indispensable dotar a nuestros agentes de una escala progresiva de herramientas que les permita actuar según el nivel de amenaza al que se enfrentan.
Es en este contexto que, en el 2024, presenté en un proyecto de ley para autorizar y regular la incorporación de dispositivos no letales —entre ellos las pistolas “Taser” o de incapacitación neuromuscular— y otras tecnologías modernas para la Policía de Río Negro. Lamentablemente, el proyecto no tuvo tratamiento legislativo y perdió estado parlamentario. Este es un tema que no puede seguir esperando, y es por eso que hemos decidido insistir en la necesidad de que se trate una ley en Río Negro que avance en la materia: es por eso que desde el bloque de Primero Río Negro hemos vuelto a presentar un proyecto, actualizado y que esperamos que sea tratado a la brevedad.
Estas herramientas representan una alternativa intermedia que permite neutralizar situaciones de riesgo reduciendo significativamente la probabilidad de lesiones graves o desenlaces fatales. Lejos de promover una mayor violencia, su implementación apunta precisamente a lo contrario: a disminuir la letalidad en las intervenciones policiales y a proteger tanto a los ciudadanos como al propio personal de seguridad.
Los dispositivos de incapacitación neuromuscular, ampliamente utilizados en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia y Brasil, generan una descarga eléctrica controlada que produce una inmovilización temporal del individuo, permitiendo su reducción sin necesidad de recurrir al arma de fuego.
Incluso, no necesitamos viajar tan lejos, provincias cercanas como la vecina Neuquén, ya han comenzado a incorporar este tipo de tecnología y con buenos resultados. En distintas jurisdicciones de nuestro país se han dado pasos en este sentido, entendiendo que fortalecer a las fuerzas de seguridad no implica únicamente aumentar recursos, sino también mejorar la calidad de las herramientas disponibles y reducir los riesgos asociados a su accionar.
La incorporación de estos dispositivos no puede ni debe hacerse de manera improvisada. Por el contrario, el proyecto establece criterios claros de capacitación obligatoria, protocolos estrictos de actuación, mecanismos de control y sistemas de registro que garanticen transparencia y responsabilidad en su utilización: Nuestros agentes enfrentan situaciones cada vez más complejas sin contar con los instrumentos adecuados para resolverlas de manera proporcional.
No se trata de una discusión ideológica, sino de una decisión pragmática y profundamente humanista. Se trata de proteger la vida, de cuidar a quienes nos cuidan y de brindar respuestas responsables a una sociedad que exige seguridad, pero también respeto por los derechos fundamentales.
Por ello, va a ser muy importante poder dar este debate en la Legislatura de Río Negro, con la seriedad que merece y lograr que mis colegas legisladores de los bloques acompañen este proyecto. Porque legislar en materia de seguridad no es optar entre firmeza o derechos: es garantizar ambas cosas al mismo tiempo.
*Legisladora Primero Río Negro
