Vivimos en una era donde nuestras relaciones sociales, jurídicas y económicas han cambiado drásticamente debido al desarrollo tecnológico. El consumo en entornos digitales dejó de ser una novedad para convertirse en una práctica cotidiana. Esta transformación nos facilitó el acceso a bienes y servicios, rompiendo las barreras geográficas que antes nos limitaban. Sin embargo, esta comodidad oculta una realidad compleja: el comercio electrónico ha crecido a una velocidad tal que, muchas veces, supera nuestra capacidad de regularlo de forma prudente.
La cara oculta de la «grieta digital»
Si bien celebramos el acceso a la tecnología, no podemos ignorar la llamada «grieta digital»: la brecha que genera desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de estas herramientas. Este problema no es solo económico; también es educativo, generacional y geográfico.
Cuando el mercado se vuelca casi totalmente hacia las plataformas digitales, quienes no tienen las habilidades necesarias —ya sea por falta de alfabetización digital o por limitaciones en su infraestructura— quedan excluidos indirectamente. Incluso para aquellos que tienen acceso, la desinformación tecnológica puede exponerlos a situaciones desfavorables al enfrentarse a contratos que no comprenden en su totalidad.
La ilusión del consentimiento
Uno de los puntos más críticos de esta «nueva normalidad» es el rol del consumidor. En el entorno digital, nos enfrentamos constantemente a contratos de adhesión donde no existe posibilidad de negociación. La realidad es que aceptamos términos y condiciones sin revisar atentamente a qué nos estamos sometiendo. Esta asimetría, tradicional en el derecho comercial, se intensifica en el mundo virtual, dejando al consumidor en un lugar de escasa discusión y mucha sumisión.
Los grupos más vulnerables – adultos mayores con poca alfabetización digital, jóvenes sin experiencia o personas con bajo nivel educativo – son quienes más sufren esta falta de claridad. Nos debemos preguntar entonces: ¿qué garantías reales tenemos de que el consentimiento otorgado en un «click» sea válido e informado?.
El rol del Estado y el desafío pendiente
Es innegable que contamos con herramientas valiosas. La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) es un pilar fundamental que exige información clara y veraz por parte de los proveedores. Asimismo, la Ley 25.506 sobre firma digital ha otorgado mayor seguridad jurídica a nuestros documentos electrónicos.
Sin embargo, el derecho informático tiene por delante un desafío inmenso. El objetivo no debe ser frenar el avance tecnológico, sino garantizar un marco normativo que establezca reglas de juego claras. Necesitamos que el Estado adopte medidas específicas para rendir cuentas y garantizar nuestra integridad y seguridad.
El comercio electrónico ofrece ventajas innegables, como la comparación de precios y la variedad de productos, pero la modernidad no debe ser excusa para la vulneración de derechos. La verdadera innovación será aquella que, al mismo tiempo que nos conecta, proteja efectivamente a quienes habitamos este nuevo escenario digital.
*Editor y creador de contenidos digitales
