Una vecina de la ciudad de Cinco Saltos acudió a la justicia para denunciar situaciones de violencia familiar protagonizadas por su propio hijo, pero su pedido estuvo lejos de buscar una sanción o un alejamiento. Su reclamo fue otro: que alguien intervenga para ayudarlo a salir del consumo problemático que atraviesa.
La mujer relató que su hijo consume alcohol, marihuana y cocaína, y que bajo los efectos de esas sustancias cambia su comportamiento y adopta actitudes agresivas dentro del hogar.
La denuncia fue presentada el pasado 25 de junio en una dependencia policial de Cinco Saltos y expuso una situación marcada por el dolor de una madre que observa el deterioro de su hijo, pero que, pese a las dificultades, no quiere apartarlo de su vida.
Durante su declaración dejó en claro que no buscaba una medida que lo excluyera de la vivienda ni una prohibición de acercamiento. Por el contrario, solicitó la intervención de organismos especializados que puedan brindarle asistencia tanto a él como a ella.
“Yo no quiero que lo saquen, no quiero que quede afuera de mi casa. Quiero darle contención porque sé que en la calle puede estar peor. Sólo quiero que me ayuden para que sea atendido en el hospital por profesionales y pueda salir de esta situación”, expresó la mujer.
La presentación dio origen a una causa encuadrada en la Ley 3040 de “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, que fue remitida al Juzgado de Paz.
Al evaluar el expediente, el juez subrogante Mariano Larrasolo consideró que, si bien la denunciante describió episodios de agresividad, no solicitó medidas de protección como la exclusión del hogar o una restricción de contacto.
Sin embargo, entendió que la situación requería una intervención más amplia y dispuso remitir las actuaciones al Juzgado de Familia de Cipolletti, para que el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) realice una evaluación del caso y determine los pasos a seguir.
Intervención por consumo problemático
Además, el magistrado tuvo en cuenta la problemática vinculada al consumo de sustancias y solicitó la participación del Servicio de Salud Mental del Hospital de Cinco Saltos y de la delegación Cipolletti de la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro.
La resolución señala la necesidad de un abordaje integral del joven, basado en una perspectiva de derechos y salud integral, contemplando tanto la problemática de consumo como la situación familiar.
La madre fue informada sobre las vías de contacto disponibles con los organismos intervinientes y se le indicó que, para continuar con el proceso ante el Juzgado de Familia, deberá contar con patrocinio legal obligatorio, pudiendo recurrir a un abogado particular o solicitar asistencia gratuita de la Defensoría de Pobres y Ausentes en caso de no contar con recursos.
