José María Alvarez, técnico universitario en informática y soetware libre, domiciliado en Cipolletti, que almacenó y facilitó más de 1000 videos que contenían imágenes de abuso sexual infantil fue condenado a seis años de prisión.
Según la acusación, entre el 10 de junio y el 14 de noviembre de 2022, Alvarez descargó y almacenó material ilegal utilizando una conexión a internet registrada a nombre de su madre. La fiscalía describió que, desde su domicilio en calle La Esmeralda, el acusado accedió a una red de intercambio de archivos P2P, específicamente la plataforma eMule, para obtener un total de 82 archivos.
De estos archivos, 33 vídeos fueron guardados en una carpeta específica y otros 49 archivos, en formato .part, se almacenaron temporalmente en otra ubicación del mismo equipo.
La investigación detalló que estos archivos contenían material de abuso sexual infantil, con imágenes de menores de 13 años involucrados en actividades sexuales explícitas y con representaciones de sus partes íntimas.
Según el informe de la Fiscalía, el imputado habría puesto este contenido a disposición de otros usuarios a través de la misma plataforma de intercambio, permitiendo que terceros lo descargaran en sus propios dispositivos.
En el marco de la investigación se identificó otro equipo en posesión del acusado en el que se encontraron 426 archivos en una carpeta específica y otros 562 en un almacenamiento adicional, todos con contenido similar de abuso sexual infantil. La fiscalía señaló que ambos equipos fueron utilizados para almacenar y facilitar material ilegal, lo que constituye el delito de tenencia y facilitación de contenido de abuso sexual infantil.
Junto con esta investigación, se juzgaron otros dos casos, el de Gatti en Roca y otro hombre de Bariloche que surgieron a partir de un mismo operativo y que también terminaron con penas de prisión efectiva.
El tribunal colegiado estuvo integrado por los jueces Alejandra Berenguer, Guillermo Baquero Lazcano y Guillermo Merlo.
Por la fiscalía intervinieron Eugenia Vallejos y Vanina Bravo, con el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. Por la querella estuvo Gabriela Prokopiw, y por la defensa del imputado el abogado particular Luis Rolando Tapia Vergara.
